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Septiembre de 2003

Consideraciones acerca de la toma de Peñalolén
Por Cecilia García-Huidobro FzK

Desde hace varios años, la Toma de Peñalolén ha sido motivo de permanente cobertura mediática. Ha contado con todos los elementos para ello: una toma ilegal instigada por un personaje controvertido y conocido, en sus propios terrenos y una posterior organización comunitaria ejemplar, por parte de los pobladores

Hoy, vuelve a ocupar las primeras páginas con la promesa del Ministro de Vivienda de trasladarlos a la Comunidad Ecológica de Peñalolén, como solución final a la irregular situación que se vivía. Dentro de las facultades del Estado, está la de enajenar bienes de uso privado si estos resultan necesarios para el Bien Común. Es decir, el proceder del Ministerio se ajusta al ordenamiento jurídico y a todas las normas legales vigentes.

El problema de fondo es otro. ¿Por qué ha habido una oposición tan férrea de la comunidad que va a tener que absorber este flujo de miles de nuevas familias? La respuesta es simple: el cambio de una forma de vida. Cuando un alcalde, ministro, gobernador o presidente cambia las reglas del juego, está desvirtuando la opción de vida que legítimamente se dieron los habitantes de una comuna. La Comunidad Ecológica es un proyecto urbano que tiene sus regulaciones: preservación del entorno natural y no más de 50 pobladores por hectárea.

Esto puede considerarse un privilegio impensado para una ciudad como Santiago. No lo es. Cuando el proyecto se desarrolló, no eran más que áridos faldeos de cerro que ninguna especulación inmobiliaria había mirado. Los propietarios juntaron sus ahorros, poblaron los terrenos y pagaron por ellos. Eso es lo medular: uno tiene el derecho a gastar su dinero en el estilo de vida que más le convenga. Vivir en una comunidad así tuvo un precio y éste fue cancelado. El cambio que se avecina desvirtúa los valores entonces transados y baja considerablemente los precios a futuro. Eso es una forma de expropiación.

El drama que vive la Comunidad Ecológica, porque realmente es un drama, se repite de distintas maneras en comunas y sectores agrícolas del país. Parceleros que han invertido en una infraestructura de trabajo agrícola se pueden encontrar con un cambio de destino de suelo que eche por la borda todo su esfuerzo. Municipalidades con recursos, como Vitacura y Las Condes, cuyos residentes han pagado sus propiedades residenciales a muy alto precio pueden, con alta probabilidad, enfrentar la construcción de un alto edificio al lado que impide la habitabilidad.

La pregunta es por qué hay ciudades que no cambian sus planes reguladores hace más de un siglo ( el centro de Paris, por ejemplo), concentrando el desarrollo inmobiliario en áreas ajenas a los barrios ya consolidados y por qué en Chile se opera exactamente de la manera opuesta: una vez que un barrio adquiere valor, por su buen trazado,las hermosas residencias, las plazas y árboles crecidos se destruyen en pos de la especulación inmobiliaria que favorece a algunos pero que da inicio a un deterioro, en el largo plazo.

Más aún, somos los chilenos los que, en definitiva, terminamos pagando el negocio de las constructoras, ya que la construcción en altura no cuenta con la infraestructura de servicios necesaria. El alcantarillado, la evacuación de aguas lluvias, las cañerías de agua, etc. están calculadas para viviendas unifamiliares y no para absorber la demanda de nuevas torres. Tarde o temprano las inversiones para paliar el déficit deberá llevarse a cabo, con los recursos de todos los contribuyentes.

Lo que subyace en el conflicto de Peñalolén es la inestabilidad del cambio de las reglas del juego. Nada produce más desconcierto y frustración que se cambien los planes en los cuales uno confió y sobre los cuales se construyó el sueño de una forma de vida.

Por otra parte, es lamentable que se usen imágenes comunicacionales potentes, como el de dar una vivienda digna a los pobladores de la toma, para facilitar el rápido cambio del plan regulador y no se atienda al legítimo derecho de los ciudadanos a escoger la forma de vivienda que más se ajuste a sus ideales y al precio que se cobró por realizarlos. Ese es el problema de fondo.

Sin embargo, una nueva corriente de organizaciones está surgiendo para defender, justamente, ese derecho. Los habitantes de las comunas ya no están aceptando de una manera pasiva los cambios arbitrarios de los alcaldes y los Concejos municipales. La participación civil está creciendo día a día y es la única solución al caos urbano que manejan muchas autoridades.

Reglas claras y desarrollo armónico parecen ser las bases sobre las cuales construir ciudad. Ciudad como reflejo cultural de una nación.
 
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