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Mayo 2007
Desaparecerán sitios de origen precolombino
Arqueología de luto

El tranque que Minera Los Pelambres construirá en la comuna de Los Vilos, en Coquimbo, implica una de las mayores alteraciones del patrimonio arqueológico en la historia de Chile, inundando completamente el fundo El Mauro, donde se ubica un centenar de sitios de origen incaico, molle y diaguita. El informe presentado para la aprobación del proyecto contabilizó sólo 8 sitios. La venia fue otorgada el 2004. Por lo pronto, la empresa ha destinado millonarios recursos al rescate de parte de los restos y piezas, llevado a cabo por un numeroso equipo de especialistas en la zona. Una inversión que, en ningún caso, podrá compensar la dramática pérdida de este emplazamiento invaluable. Una catástrofe de la cual nadie se hace responsable. La culpa la tiene, una vez más, "el sistema".

Por Rosario Mena


Sin demasiado protagonismo en la opinión pública, algunos medios de prensa y grupos de manifestantes han hecho eco en el último mes de la trágica realidad que significa la total desaparición de un valioso emplazamiento arqueológico de 2000 años de antigüedad en Los Vilos, a causa de la construcción de un tranque de Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic. Si bien se está realizando un trabajo de rescate de restos arqueológicos, el fundo El Mauro, que incluye cerca de 500 petroglifos, lugares ceremoniales y un cementerio indígena, organizados en un sistema de más de 1800 hectáreas, será inundado por este depósito de 700 millones de toneladas de desechos tóxicos resultantes del proceso del cobre, tales como arsénico, cadmio, estroncio, óxido de silicio, cloro, óxido de aluminio, azufre y plomo.

800 millones de dólares cuesta este tranque destinado a aumentar de 30 a 50 años la vida útil de la mina de cobre y plata que la empresa posee en el sector de Portones, en la IV Región. Tanto la Sociedad Chilena de Arqueología, como el Consejo de Monumentos Nacionales, que entregó la autorización al proyecto aprobado por la COREMA en el año 2004, sobre la base de un estudio de impacto ambiental que minimizaba el patrimonio involucrado, registrando sólo 8 de los más de 100 sitios existentes, están de acuerdo en que se trata de un gran desastre. Y es que, recién en marzo de 2005, cuando ya todo estaba firmado y aprobado, los arqueólogos tomaron conocimiento del enorme valor arqueológico de la zona y de la gravedad y magnitud de la intervención. El Consejo de Monumentos emitió un informe, pero los hechos ya estaban consumadosLa discusión es eterna. Esta abarca desde aspectos tan macro como la compatibilidad del "desarrollo económico" con la preservación del patrimonio, hasta la poco transparente maquinaria que opera a la hora de llevar a cabo proyectos de tan severo impacto y la innegable incapacidad estructural y funcional de los organismos y personas que velan por el patrimonio para intervenir a favor de éste, en un sistema con una ley de patrimonio ineficaz, donde escasean los recursos para la investigación y la conservación y donde siempre prevalecen los grandes intereses económicos.
 
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